• Durante la presentación del informe de gestión correspondiente a 2026, los concejales solicitaron mayor articulación entre las dependencias de instrucción y juzgamiento, fortalecimiento de la capacitación institucional y claridad sobre el estado de los procesos disciplinarios. 

Pereira, 03 noviembre de 2026 . El Concejo Municipal de Pereira, el doctor Diego Fernando Ramírez Sánchez, director administrativo de Control Disciplinario Interno de Instrucción, presentó el informe de gestión correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2026 y la fecha, exponiendo los principales resultados administrativos, presupuestales y operativos de la dependencia, así como las acciones adelantadas para el fortalecimiento institucional. 

La gestión se encuentra articulada con la línea estratégica Pereira Segura, Innovadora y Competitiva , dentro del programa Institucionalidad para la Planeación y Gestión Pública Eficiente, y responde a la meta de fortalecimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario – Instrucción. 

La dependencia cuenta con tres servidores públicos de planta y 35 contratos de prestación de servicios, distribuidos en 19 durante el primer semestre y 16 en el segundo. Su labor está relacionada con el seguimiento disciplinario de una Administración Municipal que cuenta con aproximadamente 3.965 servidores públicos. Para la vigencia 2026, el presupuesto inicial fue de $600 millones, al que se sumó una adición de $60 millones, mediante el Decreto 000275 del 6 de agosto de 2026, para un presupuesto definitivo de $660 millones. 

De estos recursos, $624,5 millones corresponden a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión; $14,875 millones a la plataforma Gobtech – Curso Disciplinario, y $20,625 millones al saldo presupuestal restante. La ejecución presupuestal reportada alcanzó el 96,9 %. 

En cuanto al comportamiento de las quejas recibidas durante 2026, la dependencia reportó un total de 275, distribuidas de la siguiente manera: 

• Personería Municipal: 160. 

• Procuraduría: 5. 

• Sistema SAIA: 47. 

• Secretaría de Educación: 21. 

• Correo institucional: 42. 

Asimismo, se informó que existen 203 procesos vigentes y que durante la vigencia se han registrado 91 procesos aperturados: 48 indagaciones previas y 43 aperturas de investigación disciplinaria. 

En materia de prevención y formación, se presentaron las jornadas de capacitación adelantadas con diferentes dependencias y grupos de servidores públicos, entre ellas: 

• Nuevos docentes y administrativos de la Secretaría de Educación. 

• Rectores, coordinadores y administrativos: 90 participantes. 

• Institución Educativa Luis Carlos González Mejía: 50 participantes. 

• Casa de Justicia de Cuba: 30 participantes. 

• Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental: 12 participantes. 

Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento de las responsabilidades disciplinarias y promover una cultura institucional de cumplimiento y prevención. 

Durante el debate de control político, los concejales formularon observaciones y solicitudes orientadas a fortalecer la gestión disciplinaria, mejorar la capacidad de respuesta institucional y garantizar mayor claridad sobre los resultados de la dependencia. 

El concejal Camilo Montoya hizo un llamado respetuoso a la Mesa Directiva para garantizar la presencia de los dos directores de Control Disciplinario, tanto de Instrucción como de Juzgamiento, durante la presentación de los informes de gestión. Señaló que ambas dependencias cumplen funciones complementarias y que, para ejercer un control político integral, es indispensable contar con la información de las dos instancias. 

Por su parte, el concejal Nelson Pulido reconoció el compromiso y sacrificio de cerca de 400 contratistas del Municipio de Pereira que, durante la emergencia, priorizaron la atención humanitaria y el servicio a la ciudadanía, aun en medio de la incertidumbre sobre su situación laboral. 

También destacó los indicadores de capacitación presentados, pero insistió en la necesidad de garantizar que el 100 % de los servidores públicos y contratistas reciban formación en materia disciplinaria, teniendo en cuenta que, según lo expuesto durante la sesión, 371 personas aún no han participado en estas jornadas. 

Adicionalmente, planteó la necesidad de implementar una estrategia de descongestión y depuración de los procesos disciplinarios, que permita reducir el rezago acumulado, mejorar los tiempos de respuesta y evitar que el volumen de procesos pendientes continúe aumentando. 

La concejala Carolina Herrera centró sus observaciones en la necesidad de contar con información detallada, verificable y organizada que permita evaluar de manera efectiva el desempeño de la dependencia. Solicitó el inventario de los procesos disciplinarios activos, discriminados por etapas y años, así como el número de procesos que prescribieron durante la vigencia 2026. 

De igual manera, pidió identificar las dependencias de la Administración Municipal que concentran el mayor número de quejas y establecer cuáles son los principales riesgos disciplinarios que requieren atención preventiva. 

Uno de los puntos relevantes de su intervención estuvo relacionado con las posibles actuaciones disciplinarias derivadas de la emergencia ocasionada por el terremoto, particularmente en asuntos relacionados con la contratación de ayudas humanitarias, los servicios de alojamiento y el control urbanístico. Frente a este tema, solicitó conocer si existen investigaciones o actuaciones en curso y cómo se está desarrollando la articulación con la Procuraduría General de la Nación y las oficinas de Control Interno. 

Finalmente, la concejala insistió en fortalecer el plan de prevención disciplinaria y revisar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, de manera que sean medibles, permitan hacer seguimiento a los resultados y faciliten una evaluación real de la gestión institucional. 

Las intervenciones de los concejales coincidieron en la importancia de avanzar hacia una gestión disciplinaria más preventiva, articulada y eficiente, que no se limite al trámite de las quejas y procesos, sino que permita identificar riesgos, corregir situaciones y fortalecer la transparencia en el ejercicio de la función pública. 

El debate permitió poner sobre la mesa retos relacionados con la descongestión de procesos, la cobertura de las capacitaciones, la articulación institucional y la necesidad de contar con información precisa para el ejercicio del control político y el seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal.