Reconstrucción de Pereira: Concejo aborda avances, crisis económica y necesidades de las familias pereiranas afectadas.
- Las dependencias municipales presentaron avances y los gremios expusieron los retos económicos que enfrenta la ciudad. Durante la sesión, los concejales plantearon la necesidad de soluciones para las familias afectadas, reactivación del comercio y garantías para el empleo, el turismo y el transporte público.
Pereira, 08 de octubre del 2026 . La recuperación de Pereira tras el terremoto del 10 de agosto centró la sesión del Concejo Municipal de Pereira. La rehabilitación de infraestructura, la atención a las familias afectadas y las dificultades económicas de empresas y transportadores marcaron la jornada. Las secretarías de Infraestructura y Gobierno, la Empresa de Aseo de Pereira y los representantes gremiales expusieron avances y necesidades pendientes. Las intervenciones coincidieron en la importancia de articular la reconstrucción física con la recuperación del empleo, los servicios públicos y la actividad comercial.
El Comité Intergremial de Risaralda presentó un panorama de afectación en los 14 municipios del departamento, con 73.087 familias afectadas. El balance departamental incluye daños en 157 vías y puentes, 46 centros comunitarios, 37 acueductos y un aeropuerto. Afectación empresarial compromete más de 51.000 empleos, también se expuso los resultados del Censo de Afectación Empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira: 10.884 de las 14.260 empresas censadas resultaron afectadas, equivalentes al 76,3 %.
Las pérdidas reportadas ascienden a $354.705 millones, con 51.716 empleos comprometidos. El diagnóstico señala que el 68 % de las empresas censadas opera, como máximo, al 25 % de su capacidad. En el componente presencial del censo, el 45,3 % estaba sin operación. La recuperación enfrenta una limitación adicional: el 89,7 % de las empresas corresponde a microempresas y apenas el 7,9 % reporta cobertura de seguros.
Ante este panorama, el Comité planteó ampliar el alcance de los apoyos a la nómina para considerar afectaciones indirectas verificables, como restricciones de acceso o cierres por riesgo de inmuebles vecinos. También solicitó evaluar alivios prediales, fortalecer el respaldo al transporte colectivo y revisar las barreras urbanísticas que dificultan la reactivación. El gremio destacó su participación en campañas de donación, convocatorias a ingenieros estructurales y mesas de trabajo con autoridades y sectores productivos para acompañar la emergencia y la reconstrucción.
Cotelco Risaralda reportó afectaciones en aproximadamente el 40 % de los alojamientos afiliados y unas 1.000 camas fuera de operación en el departamento. Estas cifras corresponden a Risaralda y no exclusivamente a Pereira. El sector advirtió que la reducción de la capacidad hotelera y del flujo de visitantes coincide con mayores necesidades de reparación y la continuidad de los costos fijos. La situación repercute también en proveedores, trabajadores y actividades relacionadas con el turismo.
Entre sus solicitudes figuran alivios en ICA, predial y delineación urbana, una ruta ágil de inspecciones y permisos para la reapertura, y soluciones a las barreras del ordenamiento territorial.
Cotelco propuso, además, un fondo para atraer congresos y convenciones y una apropiación anual para promoción turística mediante un acuerdo municipal. La iniciativa contempla campañas, ferias y ruedas de negocio articuladas con la marca “Pereira lo Tiene”, con seguimiento a visitantes, ocupación, noches de alojamiento y retorno de la inversión.
Asobares Risaralda presentó una caracterización de 156 establecimientos, entre los cuales reportó 30 % de negocios cerrados, 1.890 empleos afectados y 18 establecimientos con destrucción total o sin apertura. El gremio estimó $20.000 millones en daños emergentes y $15.000 millones de lucro cesante durante el primer mes, también planteó gestionar predios para reubicar establecimientos que no pueden operar. Solicito acelerar las demoliciones, los conceptos técnicos y las licencias, con prioridad en zonas comerciales como el centro, Circunvalar, Calle del Encuentro y Corocito. Las medidas fueron planteadas como solicitudes para consideración de las autoridades.
La directora ejecutiva de ASEMTUR Vanesa Castaño Bañol, destacó que el transporte colectivo mantuvo operación desde el día del sismo con el 70 % de su oferta, mientras el masivo y el cable estaban suspendidos. Sin embargo, el sector enfrenta una reducción considerable de la demanda. Entre el 10 de agosto y el 13 de septiembre, Megabús movilizó 908.235 pasajeros, frente a 3.449.396 en las semanas equivalentes de 2025: el 26,3 % de la demanda de referencia.
En las rutas complementarias de San Fernando, Superbuses y Urbanos Pereira, los pasajeros de agosto disminuyeron 43,3 % frente al promedio de agosto de 2023 a 2025, con 431.670 viajes menos. El sector informó una solicitud al Fondo de Estabilización y Subvención —FES— por $9.247 millones para cubrir cinco semanas de déficit verificado del masivo y del colectivo alimentador. Para seis meses, la solicitud asciende a $33.409 millones.
Según lo expuesto, el transporte colectivo no había recibido desembolsos, alivios ni incentivos desde el terremoto. Las empresas solicitaron resolver las peticiones de apoyo, asegurar fuentes estables de financiación y establecer un cronograma público de reapertura segura del centro y del intercambiador de Cuba. El balance señaló que 0,78 kilómetros cuadrados del centro estaban cerrados al tránsito, en un perímetro por el que cruzaban 30 de las 85 rutas del sistema. Los reportes empresariales atribuyen a los desvíos un aumento de entre el 10 % y el 20 % en el consumo de combustible.
La Secretaría de Infraestructura reportó 107.270 personas y 45.933 hogares afectados, además de daños en viviendas, instituciones educativas, instalaciones de salud y otros equipamientos públicos. La magnitud de las afectaciones plantea la necesidad de coordinar las intervenciones municipales con la gestión departamental y nacional, manteniendo diferenciados los balances de cada territorio. La Secretaría Diana Yaneth Osorio informó 12.181 inspecciones a edificaciones, 74 demoliciones y avances en la recuperación de 47 sedes educativas.
El balance identifica 26 puentes afectados, 13 kilómetros de vías con daños y 72 taludes con afectaciones, de los cuales 23 fueron priorizados para intervención. La dependencia señaló montos de inversión de $12.750 millones para puentes y $29.397,6 millones para los taludes priorizados. Estos valores corresponden a las inversiones informadas y no indican ejecución total. Las acciones incluyen adecuaciones en alojamientos temporales, instalaciones municipales y escenarios deportivos. También se reportaron intervenciones en el intercambiador de Cuba e inspecciones a estaciones de Megabús y componentes de Megacable.
En proyectos estratégicos, la intersección Corales registra un avance físico del 71 %. La modernización de cuatro parques y Colibríes Fase I cuentan con contratos adjudicados e inicio de alistamiento. La estrategia de recuperación combina reparaciones inmediatas con propuestas de transformación urbana, entre ellas el Malecón del Río, el Parque Lineal Egoyá y la segunda calzada de la avenida del Río. Infraestructura también informó gestiones ante el Fondo Milagro y articulación con los gremios para estimar las necesidades de reconstrucción.
La Secretaría de Gobierno, en cabeza El subsecretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Pereira Sebastián Madrid Soto reportó el refuerzo con 300 uniformados del nivel nacional, más de 100 recorridos diurnos y nocturnos, restablecimiento del sistema de cámaras y acompañamiento permanente a ocho alojamientos institucionales. En el comparativo del 7 de agosto al 27 de septiembre de 2025 y 2026, el hurto a personas pasó de 496 a 289 casos. También disminuyeron los hurtos a comercios, residencias y vehículos.
En contraste, el hurto de motocicletas aumentó de 21 a 35 casos, una variación cercana al 67 %. La dependencia indicó que esta modalidad concentra acciones para identificar responsables y centros de acopio. aclaró que el análisis no evidencia un incremento generalizado de la criminalidad posterior al sismo ni atribuye las variaciones del delito al terremoto.
Sebastián Madrid Soto, estableció que la estrategia contempla prevención de estafas y extorsiones, atención a población vulnerable y vigilancia para impedir la reocupación de edificaciones no habitables. También incluye control de asentamientos informales, acompañamiento a demoliciones y recuperación del espacio público, procurando que las labores de vigilancia faciliten una reapertura segura del comercio.
El gerente Gustavo Cardona Aguirre de la Empresa de Aseo de Pereira informó que el operativo dispuesto por Atesa hasta el 17 de septiembre permitió recoger más de 3.100 toneladas de residuos de construcción y demolición mediante cerca de 500 viajes. Por separado, el convenio interadministrativo 4518 de 2026 registra 4.250 toneladas de inservibles y objetos voluminosos recogidos. La demanda agotó en 60 días la capacidad prevista para 120.
En educación ambiental, reportó 15.562 personas sensibilizadas en 26 sectores del municipio. Las jornadas R.E.S.C.A.T.E. realizadas entre enero y agosto sumaron 105 intervenciones y 376,60 toneladas recogidas. La Empresa de Aseo informó procesos sancionatorios por presuntos incumplimientos en barrido mecanizado, suministro de información GPS y recolección.
También dio cuenta de una queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por presuntos cobros no debidos a usuarios por $105.000 millones, relacionados con registros de escombros. El señalamiento corresponde a lo informado por la entidad y no constituye una decisión definitiva de la autoridad. reportó, además, una reclamación cercana a $289 millones por intereses de mora, asociada al mecanismo de giro de recursos, y una revisión del contrato de operación y sus otrosíes.
Sobre el relleno sanitario La Glorita, sostuvo que opera normalmente, atiende a 23 municipios de cuatro departamentos y recibe un promedio reportado de 953 toneladas diarias. Gustavo Cardona Aguirre indico que el Plan de Manejo Ambiental está vigente hasta octubre de 2028. La extensión proyectada de la operación hasta 2034 depende de la aprobación de su actualización por parte de la CARDER.
Las intervenciones de los concejales pusieron el énfasis en la atención a los hogares afectados, la sostenibilidad financiera y el acceso ciudadano a la información.
El concejal Esteban Gañán propuso avanzar en alivios tributarios para contribuyentes en mora y revisar el Estatuto Tributario frente al cobro del impuesto predial a lotes sin desarrollar. También planteó gestionar recursos ante el Gobierno nacional para compensar la disminución de los ingresos municipales y fortalecer el seguimiento al dinero destinado a la atención de la emergencia y la reconstrucción.
El concejal Carlos Hernán Muñoz solicitó respuestas concretas para las familias afectadas y cuestionó que las exposiciones institucionales se concentren en diagnósticos sin precisar soluciones. Pidió agilizar la reconstrucción y fortalecer el respaldo financiero del Gobierno nacional. Asimismo, planteó revisar el impacto de la reducción de los ingresos tributarios y el cobro del predial, especialmente en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal.
El concejal Nelson Pulido insistió en contar con información oficial, clara y verificable sobre demoliciones, rehabilitación de vías, alivios tributarios y planes de renovación urbana. Solicitó respuestas oportunas sobre los subsidios de arrendamiento y propuso revisar los aportes municipales al fondo de estabilización del transporte público. También pidió garantizar la transparencia y el acceso ciudadano a la información sobre las decisiones y los avances relacionados con la emergencia.
La sesión dejó planteadas prioridades para el seguimiento institucional: acelerar las intervenciones necesarias, sostener empresas y transporte, responder a las familias afectadas y garantizar información pública sobre las decisiones, los cronogramas y la ejecución de los recursos.