• La Corporación socializó el Proyecto de Acuerdo No. 34 de 2026, relacionado con vigencias futuras por cerca de $29.929 millones para el servicio de vigilancia, y abrió el debate sobre la seguridad de las familias en los albergues y los desafíos técnicos, urbanísticos y ambientales que enfrenta Pereira en su proceso de reconstrucción. 

Pereira, 2 de septiembre de 2026 . El Concejo Municipal de Pereira aprobó el Acta No. 122, correspondiente a la sesión extraordinaria del 1 de septiembre, y socializó el Proyecto de Acuerdo No. 34 de 2026, mediante el cual se busca autorizar al alcalde para asumir compromisos de vigencias futuras destinados a garantizar el servicio de vigilancia privada en las dependencias de la Administración Municipal. 

La secretaria de Gestión Administrativa, Diana Cristina Grisales Calvo , explicó que el contrato tendría un plazo de 14 meses y un valor estimado de $29.928.972.619 , e incluiría vigilancia humana sin armas, vigilancia canina, medios tecnológicos, instalación y monitoreo de alarmas. 

Durante la sesión, el concejal Carlos Hernán Muñoz pidió claridad sobre la permanencia de las familias en los albergues, la seguridad de estos espacios y la necesidad de garantizar que las ayudas lleguen exclusivamente a las personas afectadas por el terremoto. 

Diana Cristina Grisales Calvo explicó que desde el inicio de la emergencia se adelanta una caracterización familia por familia, con participación de abogados, trabajadores sociales, Defensoría del Pueblo, ICBF e ingenieros. En el caso del alojamiento El Oso, señaló que actualmente permanecen siete familias y que se avanza en su retorno a las viviendas cuando las condiciones lo permiten. Las familias que han regresado han recibido colchones, toallas, alimentación, vestuario y otros elementos, trasladados hasta sus hogares por la Administración. La atención también ha contemplado a los animales de compañía. El concejal Héctor Hernández destacó, además, acciones de solidaridad registradas durante la emergencia, como la atención a los animales afectados en sectores como la Plaza de Bolívar. 

En asuntos varios, los curadores urbanos Primero y Segundo de Pereira expusieron los principales retos que enfrenta la ciudad después del terremoto, generando un diálogo con las propuestas planteadas por los concejales. 

El concejal Camilo Montoya pidió claridad y agilidad en los procedimientos de demolición y propuso articular a las curadurías con Planeación y el Gobierno Nacional para facilitar o subsidiar licencias a las familias afectadas. También pidió fortalecer técnicamente a la Administración, pero advirtió que no deben realizarse demoliciones generalizadas sin estudios que las sustenten. Los curadores aclararon que, durante la emergencia, las demoliciones corresponden al alcalde, a través de la DIGER, y que los propietarios no pueden ejecutarlas unilateralmente sin el respectivo respaldo institucional. 

Por su parte, Wilfor López llamó la atención sobre la seguridad sísmica de hospitales y demás instituciones de salud y propuso estudiar una “curaduría cero” para facilitar temporalmente los trámites de reconstrucción a quienes no cuentan con recursos.

Los curadores confirmaron que esta figura existe y puede ser estudiada para Pereira, siempre que se garantice personal técnico especializado. También e xplicaron que las licencias de reconstrucción ya cuentan con una reducción aproximada del 50% y que podrían analizarse nuevos alivios en impuestos y deberes urbanísticos. 

El concejal Esteban Gañán planteó que la reconstrucción debe estar acompañada de una actualización técnica y responsable del Plan de Ordenamiento Territorial – POT , con participación ciudadana. Propuso flexibilizar temporalmente los usos del suelo para comerciantes y empresarios afectados, crear un banco de proyectos para canalizar recursos de obras por impuestos y estudiar el lote de San Mateo como banco de tierras para vivienda, espacio público y otros proyectos estratégicos. 

Los curadores coincidieron en la necesidad de revisar la planificación de los suelos de expansión y señalaron que el POT vigente presenta rigideces que dificultan responder a las nuevas necesidades de la emergencia. El concejal Nelson Pulido propuso aprovechar la coyuntura para construir una Pereira diferente y no limitarse a reconstruir lo que existía antes del terremoto. Planteó utilizar herramientas como la utilidad pública y el desarrollo prioritario para enfrentar la especulación del suelo, flexibilizar usos temporales, revisar cargas urbanísticas y fortalecer el corredor de Egoyá como eje de espacio público. 

Los curadores respaldaron el estudio de instrumentos para controlar la especulación y destacaron la importancia de realizar avalúos previos que permitan determinar el valor del suelo antes de que aumenten sus precios. El concejal Manuel Hernández propuso fortalecer la Personería Municipal e incorporar perfiles técnicos, como ingenieros civiles, para mejorar el control urbanístico. 

A su vez, El concejal  Elkin Gutiérrez pidió mayor rigurosidad en las zonas ambientales y rurales, especialmente frente a parcelaciones y construcciones en áreas sensibles, además de una intervención especializada para proteger el patrimonio afectado por el terremoto. Los curadores señalaron que el componente ambiental debe ser innegociable en los suelos de protección y reconocieron dificultades relacionadas con parcelaciones y fraccionamientos rurales. 

También alertaron sobre la existencia de licencias falsas y falsificación de vallas , algunos casos ya denunciados ante la Fiscalía, y advirtieron sobre modificaciones y construcciones que no corresponden a las licencias aprobadas. Ante el posible incremento de solicitudes, los curadores reconocieron que la capacidad actual podría resultar insuficiente y anunciaron la intención de conformar un equipo especializado para atender los procesos de reconstrucción . 

Explicaron además que muchas demoras en los trámites dependen de procesos de otras dependencias, como Planeación, estratificación, comité vial y liquidación de deberes urbanísticos. Reiteraron que las curadurías son operadoras de la norma y deben aplicar lo establecido en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial). Finalmente, hicieron un llamado a entender que una licencia de construcción no es simplemente un trámite o un costo, sino una herramienta de seguridad para la ciudad , especialmente en un territorio altamente sísmico como Pereira. 

El debate dejó como conclusión la necesidad de que la reconstrucción de Pereira vaya más allá de reparar los daños ocasionados por el terremoto. Concejales y curadores coincidieron en que esta coyuntura debe permitir actualizar la planificación de la ciudad, fortalecer el control urbanístico, facilitar el acceso a licencias, proteger el ambiente y el patrimonio, controlar la especulación del suelo y garantizar edificaciones más seguras. 

El reto, señalaron, es agilizar la reconstrucción sin sacrificar el rigor técnico y aprovechar la emergencia para construir una Pereira más segura, planificada, resiliente y preparada para el futuro.