Concejo de Pereira aprobó en segundo debate autorización para tramite administrativo de compra de predios en proyectos viales estratégicos.
- En medio de un debate con posturas diversas y múltiples inquietudes por parte de los concejales, el Concejo Municipal de Pereira aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo N° 07 de 2026, mediante el cual se autoriza al alcalde para adelantar procesos de expropiación por vía administrativa, necesarios para el desarrollo de obras estratégicas como la intersección de Corales y el corredor vial hacia el Aeropuerto Internacional Matecaña.
Durante la sesión, los cabildantes coincidieron en la importancia de estas obras para la movilidad de la ciudad, pero también manifestaron preocupaciones frente al alcance social del proyecto, la claridad en la información predial y las garantías para las familias que podrían verse afectadas.
Entre las principales inquietudes, se destacó la falta de un componente social explícito dentro del proyecto, especialmente en lo relacionado con la política de moradores y los apoyos adicionales a las familias más allá de los avalúos comerciales. Asimismo, se cuestionó la ausencia de información detallada sobre el número de predios a intervenir, los avalúos realizados y la fuente de los recursos para su adquisición.
Otros concejales pusieron sobre la mesa la necesidad de fortalecer los procesos de socialización con las comunidades, incluyendo actores como la diócesis, ante la intervención de predios relacionados con el cementerio y la adecuación de infraestructura asociada. También se plantearon dudas sobre el tiempo de la autorización otorgada, considerando factores como la ley de garantías y los tiempos reales de ejecución.
Aunque algunos concejales respaldaron la urgencia del proyecto, insistieron en que este tipo de procesos deben garantizar plenamente los derechos de los ciudadanos, evitando situaciones pasadas en las que, según se expuso en el recinto, no se habrían reconocido de manera adecuada las condiciones económicas y sociales de los propietarios.
En respuesta, la secretaria de Infraestructura, Diana Osorio, explicó que el proyecto busca únicamente autorizar la declaratoria de condiciones de urgencia para avanzar en el proceso administrativo de gestión predial, y no constituye en sí mismo una expropiación inmediata.
La funcionaria aseguró que los procesos se han adelantado bajo estrictos lineamientos legales, con avalúos realizados por entidades colegiadas y con acompañamiento integral a las familias, incluyendo apoyo jurídico, social y psicológico. Indicó además que cada propietario tiene la posibilidad de controvertir los avalúos dentro del debido proceso. Además, enfatizó que los recursos para estos procesos provendrán de fuentes propias y de crédito, y que se trata de proyectos estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo, fundamentales para la conectividad y competitividad de la ciudad.
Frente a los cuestionamientos sobre el componente social, señaló que si bien el municipio no ha requerido aplicar políticas de moradores en procesos anteriores, se reconoce la importancia de avanzar en este tipo de instrumentos cuando sea necesario.
En relación con el proyecto del aeropuerto, el gerente Luis Fernando Collazos Quintana, explicó que la intervención hace parte de la segunda etapa de la vía de acceso desde el estadio hacia el Aeropuerto Internacional Matecaña, así como del cumplimiento del plan maestro aprobado, que contempla la ampliación de la plataforma y adecuaciones operativas. Esto incluye la adquisición de algunos predios, entre ellos una franja del cementerio, proceso que, según la administración, se ha venido trabajando de manera articulada con las autoridades correspondientes.
Tras el debate y las respuestas entregadas, el proyecto fue aprobado con 18 votos a favor y un concejal ausente, incluyendo modificaciones en su articulado, lo que permite a la administración avanzar en la gestión predial necesaria para la ejecución de estas obras.
La sesión dejó en evidencia la importancia del control político en la discusión de proyectos de alto impacto para la ciudad, así como la necesidad de garantizar que el desarrollo urbano avance de manera equilibrada, respetando los derechos de la ciudadanía y fortaleciendo la transparencia en los procesos.