• En sesión plenaria del Concejo Municipal de Pereira se desarrolló un espacio de análisis y control político sobre la aplicación de estampillas y gravámenes territoriales a los contratos celebrados por las instituciones educativas oficiales con recursos de gratuidad educativa y fondos de servicios educativos. La jornada contó con la participación de representantes de la Asociación de Docentes Directivos de Risaralda (ASODIR), la Secretaría de Educación Municipal, la Secretaría de Hacienda Municipal y los honorables concejales de la corporación. 

El concejal Carlos Hernán Muñoz Chávez manifestó que la discusión presentada corresponde principalmente a un asunto jurídico relacionado con las competencias de las entidades territoriales. Señaló que es fundamental determinar si existe una habilitación legal expresa que permita adoptar medidas de exoneración frente a las estampillas aplicables a la contratación de las instituciones educativas oficiales. 

"Es importante analizar cuáles son las competencias reales del Concejo Municipal frente a este tema y establecer si la legislación vigente contempla mecanismos que permitan adoptar este tipo de decisiones dentro del marco legal correspondiente". 

Asimismo, indicó que cualquier iniciativa relacionada con beneficios tributarios debe contar con el respectivo sustento normativo y con el acompañamiento de la Administración Municipal. 

El concejal Esteban Gañan Ospina destacó la importancia de la discusión planteada y reconoció el esfuerzo de los rectores y directivos docentes para administrar recursos limitados en beneficio de la comunidad educativa. 

"Este ejercicio permitió visibilizar una situación que impacta directamente la capacidad de inversión de las instituciones educativas y generar un espacio de diálogo entre los diferentes actores involucrados". Igualmente, manifestó que las intervenciones de las Secretarías de Educación y Hacienda contribuyeron a aclarar el panorama jurídico existente, resaltando la necesidad de que cualquier iniciativa relacionada con exenciones o exclusiones tributarias cuente con los respectivos soportes legales y técnicos. 

Durante las intervenciones del control político, El presidente de la Asociación de Docentes Directivos de Risaralda Doctor Adalberto Serrano, presidente de ASODIR, expuso la preocupación existente frente a la disminución de recursos disponibles para las instituciones educativas debido a la aplicación de estampillas y otros gravámenes territoriales sobre los contratos financiados con recursos de gratuidad educativa. 

En su intervención señaló que los recursos transferidos por la Nación tienen una destinación específica orientada al fortalecimiento de la infraestructura, la dotación, la conectividad y el Pereira, funcionamiento de los establecimientos educativos. Asimismo, indicó que la propuesta busca analizar mecanismos que permitan proteger estos recursos para que sean invertidos de manera directa en beneficio de los estudiantes, destacando que durante 2026 las instituciones educativas oficiales de Pereira recibieron más de $5.487 millones para atender a cerca de 57.680 estudiantes. 

El Secretario de Educación Doctor Carlos Jairo Bedoya Naranjo, informó las actuaciones adelantadas por la administración frente a la aplicación de estampillas a los recursos administrados por los Fondos de Servicios Educativos. Explicó que la dependencia elevó consultas formales ante el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de obtener claridad jurídica sobre la procedencia de estos descuentos. 

Igualmente, presentó un análisis de los tributos actualmente aplicados a los contratos de las instituciones educativas oficiales, indicando que la suma de las diferentes estampillas y tasas puede representar una deducción aproximada del 8,5 % del valor contratado, situación que impacta los recursos disponibles para inversión en los establecimientos educativos. 

El Secretario de Hacienda Doctor Jorge Alexis Mejía Bermúdez, manifestó que la Administración Municipal comprende las necesidades financieras de las instituciones educativas y reconoce la importancia de optimizar los recursos destinados al sector educativo. 

Explicó que la aplicación de las estampillas se realiza en cumplimiento de disposiciones legales vigentes y precisó que los descuentos no se efectúan al momento de transferir los recursos a los Fondos de Servicios Educativos, sino durante la ejecución contractual con particulares. Además, señaló que cualquier modificación o exclusión de tributos debe analizarse dentro del marco constitucional y legal aplicable a las entidades territoriales. 

La sesión permitió generar un espacio de análisis institucional sobre el impacto de las estampillas y gravámenes territoriales en los recursos destinados a las instituciones educativas oficiales de Pereira. Durante el debate se expusieron consideraciones técnicas, financieras y jurídicas que aportan elementos para la comprensión del tema y para la búsqueda de alternativas orientadas al fortalecimiento de la inversión educativa. Finalmente, los participantes coincidieron en la importancia de continuar trabajando de manera articulada entre la Administración Municipal, la comunidad educativa y el Concejo de Pereira, con el propósito de garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y el fortalecimiento de la calidad educativa en beneficio de los estudiantes del municipio.