Solo 5 ciudades del país tienen reglamentado el procedimiento para el  uso de ascensores y escaleras eléctricas .   

Los edificios, centros comerciales, empresas y  cualquier entidad pública o privada que cuenten con escaleras, puertas, rampas  eléctricas y ascensores, deberán hacer la revisión anual correspondiente para  evitar accidentes con los usuarios.  

Así lo establece el proyecto de acuerdo No. 6 de  2020 que fue socializado en la sesión extraordinaria del Concejo municipal y  que busca garantizar la seguridad para todos los usuarios.  

Alexander Galindo López, Director de la DIGER,  dijo que el objetivo principal de este proyecto es prevenir accidentes porque  en otras partes del país se ha generado hasta la muerte de personas o la amputación  de sus miembros superiores o inferiores de los usuarios.  

El proyecto busca crear un marco normativo para garantizar  la seguridad de los usuarios y el adecuado funcionamiento de estos elementos. " El propietario del establecimiento deberá contratar el diagnóstico y realizar  el mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor o escalera eléctrica",  señaló el funcionario.   

Agregó que en el lapso de 2 años se realizaron 146  visitas a establecimientos y solo 28 generan satisfacción, las restantes 118 no  cumplen la norma. "En las revisiones realizadas no hay instrucciones de uso,  advertencia o prevención; no hay cronograma de revisión, no hay información  precisa y protocolos de cómo es la atención precisa en ocasión de un rescate o  una emergencia", recalcó del director de la DIGER.   

En ese sentido, es importante tener herramientas  claras y jurídicas para sancionar y suspender, en caso de ser necesario, hasta  que no garantice las condiciones óptimas de seguridad. "Todos los ascensores y  escaleras eléctricas de la ciudad deben tener los procedimientos claros de  funcionamiento para no generar una tragedia".   

El concejal Carlos Mario Gil sostuvo que el  proyecto busca prevenir cualquier tipo de desastre en la ciudad y proteger a  los ciudadanos pero requiere de una gran difusión para que la gente se entere  de esta nueva reglamentación.  

En su intervención, el concejal Edwin Quintero  pidió hacer una revisión detallada para que el municipio no esté en riesgo  jurídico por aplicar esta norma. También propuso que se exija una póliza a los establecimientos  que no estén sometidos al régimen de propiedad horizontal.  

Finalmente, el  concejal Carlos Hernán Muñoz indicó que el proyecto está bien enfocado pero  expresó su preocupación ya que no hay claridad sobre qué entidad va a realizar  el control y seguimiento. "Se crean muchos proyectos de acuerdo y no se aplican  porque no se dan las herramientas y no se establece quién es el responsable de  hacer cumplir esta norma", sostuvo el concejal pereirano.