• En sesión del Concejo Municipal de Pereira se desarrolló la socialización del Proyecto de Acuerdo No. 10 de 2026, orientado a actualizar la regulación del espacio público, junto con la presentación del informe de gestión de la Secretaría de Planeación, en un espacio que permitió analizar tanto los avances institucionales como los retos en la organización del territorio.   

Durante el debate, los concejales destacaron diferentes posturas frente a la iniciativa y al desempeño de la dependencia. El concejal Manuel Alejandro Hernández expresó: “Quiero reconocer el trabajo de la Secretaría de Planeación, porque ha sido una de las más activas en la presentación de proyectos de acuerdo que impactan el funcionamiento de la ciudad; además, han demostrado apertura para incorporar observaciones del Concejo, como la articulación con la Registraduría, y hoy presentan un informe claro y bien estructurado que permite entender de manera práctica el cumplimiento de los indicadores, lo cual debería convertirse en un referente para otras dependencias.”  

Por su parte, el concejal Elkin Gutiérrez manifestó: “No nos tuvieron en cuenta en la recta final del proyecto, lo cual genera preocupación desde lo político, y además hay que advertir que el Concejo no tiene competencia para fijar tarifas según la sentencia de julio de 2025, por lo que se debe cuidar el componente jurídico para evitar nulidades; también considero necesario fortalecer la estructura institucional mediante la creación de una entidad que administre el espacio público con mayor control, articulada con el POT y con las normas nacionales como la Ley 2079 de 2021 y la Ley 9 de 1989.”   

A su turno, el concejal Wilfor López señaló: “Apoyamos la actualización del acuerdo, pero existen dudas importantes, especialmente sobre si las proyecciones de recaudo incluyen zonas de manejo especial y nuevos usos como vehículos, además de la falta de claridad en el componente tecnológico, ya que no se evidencia una línea base ni una propuesta concreta en el documento, por lo cual presentaré preguntas formales antes del primer debate con el fin de contribuir a un análisis técnico más riguroso.”  

En la misma línea, el concejal Camilo Montoya indicó: “Este es un momento clave para la ciudad, porque el acuerdo actual está desactualizado y limita el desarrollo económico, mientras que hoy muchos emprendedores quieren formalizar el uso del espacio público pero no pueden hacerlo, por lo que esta iniciativa permitirá organizar el territorio, generar ingresos y dar seguridad jurídica, reconociendo además que el proyecto ha sido socializado, mejorado técnicamente y construido con base en experiencias de otras ciudades.”   

Durante la presentación, el secretario de Planeación, Edwin Quintero , explicó que el proyecto busca derogar el Acuerdo 078 de 2008 para adaptarlo a las nuevas dinámicas urbanas, garantizando seguridad jurídica, equilibrio entre el uso económico y el acceso ciudadano, así como la sostenibilidad financiera del espacio público. Señaló que la propuesta se articula con el Plan de Ordenamiento Territorial y responde a la necesidad de modernizar la gestión del territorio bajo el liderazgo del alcalde Mauricio Salazar Peláez .   

En el desarrollo técnico del proyecto también intervino la profesional Paula Vera , quien explicó que la iniciativa surge ante la desactualización normativa y la falta de articulación institucional, identificando problemas como la multiplicidad de dependencias, la ausencia de herramientas tecnológicas y la complejidad de los trámites; en ese sentido, detalló que se propone simplificar los procesos, definir con claridad las competencias de cada entidad e implementar una plataforma digital con georreferenciación que permita contar con información actualizada y mejorar el control del espacio público. Igualmente, indicó que el nuevo modelo incorpora zonas de aprovechamiento acordes a las dinámicas urbanas actuales, establece una fórmula de cobro flexible basada en el concepto de precio público y proyecta un incremento en el recaudo que permitirá fortalecer el mantenimiento, la adquisición de predios y la ampliación del espacio público en la ciudad.   

En cuanto al informe de gestión, el secretario y su equipo destacaron un comportamiento favorable en los indicadores socioeconómicos de Pereira, evidenciado en el crecimiento del valor agregado, el impacto de las remesas cercanas a 600 millones de dólares, la diversificación de las exportaciones y la reducción del desempleo. No obstante, se reconocieron desafíos como la informalidad laboral cercana al 40% y las presiones inflacionarias, especialmente en vivienda y alimentos. Asimismo, se reportó una disminución sostenida de la pobreza monetaria y multidimensional según el DANE , junto con avances en seguridad, particularmente en la reducción de homicidios. 

Finalmente, en la evaluación del plan de desarrollo se indicó que el avance promedio se sitúa alrededor del 50%, acorde con el segundo año de ejecución, aunque se reconoció que algunas metas presentan comportamientos atípicos que serán objeto de revisión, reiterando que la planeación es un proceso dinámico que requiere ajustes permanentes. El debate dejó en evidencia la necesidad de fortalecer los aspectos técnicos y jurídicos del proyecto, al tiempo que ratificó la importancia de avanzar en la actualización normativa del espacio público y en el seguimiento a los indicadores de desarrollo de la ciudad.